María García, que actúa en representación de la empresa “Investigaciones MEDS S.L”., aunque no ha acreditado suficientemente dicha representación, presenta el 15 de enero de 2023, ante el Registro General de la Secretaría de Estado de Función Pública, solicitud para llevar a cabo actividades de investigación científica para poder desarrollar un nuevo fármaco antihistamínico, que deben ser autorizadas por el Ministerio de Sanidad, según establece la normativa vigente. Según dicha normativa, los procedimientos de autorización de investigación de fármacos se rigen por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; además, la normativa de investigación no fija el plazo máximo para resolver el Procedimiento, ni determina el sentido del silencio administrativo. La solicitud de autorización presentada por Doña María tiene fecha de registro de entrada en el Ministerio de Sanidad el 18 de enero y el acuerdo de inicio del procedimiento es del día 20 de enero.
Por otro lado, Juan Antonio Domínguez es funcionario de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado desde el 20 de enero de 2019, ocupando desde esa fecha y hasta el 24 de junio de 2023 un puesto de nivel 14. En 2023 ingresa por promoción interna en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y el 24 de junio toma posesión de su nuevo puesto de nivel 16. Posteriormente, se le ofreció un puesto en comisión de servicios que no aceptó.
Al mismo tiempo, Isabel Echea, funcionaria del subgrupo A2, recientemente destinada mediante concurso en el Organismo Autónomo Parques Nacionales, tiene que gestionar el pago del I.B.I. de uno de los edificios propiedad del Organismo que, debido a una revisión catastral, es superior al importe previsto inicialmente en el crédito presupuestario 225.02 “Tributos locales”. La insuficiencia del presupuesto inicial en dicho concepto por este hecho asciende a 5.600 euros y, además, se plantea la posibilidad de una generación de crédito de 80.000 euros como consecuencia de una aportación del Ministerio para financiar conjuntamente gastos en materia de protección y mejora del medio natural. Además, ha habido unos ingresos por reintegros indebidos.
Noelia Vicens, que estudió un grado en derecho, pertenece al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado y se está planteando últimamente hacer alguna oposición para promocionar en su carrera.
Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital quiere contratar el servicio de mantenimiento de su sede central a través de un contrato de tres años de duración con posibilidad de ser prorrogado y con un valor estimado de 150.000 euros.
En los pliegos de dicho contrato se indicó que un requisito para los licitadores era que tuviesen una plantilla mínima de 200 empleados, así como contar con 10 ingenieros industriales. Por otra parte, el Ministerio quiere tramitar un contrato de arrendamiento de 400 butacas para instalarlas en un espacio de su sede donde se va a celebrar un ciclo de conferencias que lleva por título “El desarrollo de las PYMES a través del uso de las nuevas tecnologías”. El contrato planteado tiene varios criterios de adjudicación representando los criterios evaluables mediante juicio de valor un 40 % del total. El contrato fue adjudicado a la empresa “Equipamientos para eventos S.L.” y se acordó que la entrega se realizaría antes del 20 de mayo de 2023. Sin embargo, hubo un retraso y no se entregaron hasta
una semana más tarde.
En el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se está tramitando un procedimiento administrativo respecto del que no hay normativa específica aplicable. El procedimiento se ha iniciado a solicitud del interesado, Luis Núñez, y no se trata de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver decide realizar actuaciones complementarias para resolver el procedimiento. En el Ministerio de Sanidad, se plantea una situación en materia de régimen disciplinario que ha supuesto la sanción a Marcos Rasa, funcionario de carrera, por una falta leve, debido a la negligencia en el ejercicio de sus funciones.